A- de 2024

Conflicto entre el Juzgado 1 Administrativo del Circuito de San Gil y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Charalá., causado por una demanda de reparación directa presentada por unos ciudadanos, en contra del municipio de Charalá (Santander), la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. y la compañía Outsourcing Servicios Integrales de Colombia S.A.S., con el objeto de que se declare su responsabilidad solidaria de los perjuicios ocasionados por la muerte de su familiar, en la ejecución de una obra pública, y se les condene a pagar la indemnización respectiva.

Cumplidos los presupuestos del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena aplica la regla del Auto 1517 de 2022 según la cual, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las demandas de reparación directa presentadas por los familiares de un trabajador fallecido en el marco de obras públicas, cuya muerte es imputada al Estado y frente a la cual exigen la reparación de los perjuicios causados.

En caso de que en tales demandas se atribuya responsabilidad de forma simultánea a particulares y entidades públicas, y se acredite la configuración del fuero de atracción, de acuerdo con los criterios fijados por esta Corporación, su conocimiento también será de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Dado que la imputación de responsabilidad de la muerte del ciudadano contra las entidades públicas no tiene un fundamento claro en términos jurídicos ni fácticos, la Sala considera que no resulta aplicable el fuero de atracción y se asigna la competencia a la Jurisdicción Ordinaria.